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The People’s Movement for Peace and Justice (PMPJ), in light of the recent report presented by President Andrés Manuel López Obrador’s government, expresses solidarity with the parents of the 43 students who disappeared in Iguala, Guerrero. These parents are members of our movement.
Nearly ten years after this tragic event, the forced disappearance of the 43 Ayotzinapa students remains an open wound. It exposed the criminal links between arms and drug traffickers in Mexico and the United States and the complicity, collusion, and omission by police and military authorities in both countries. Parents have faced numerous obstacles from criminals and governments in their search for truth and justice.
Recently, in a public letter preceding the latest report, the Mexican government focused on defending the military’s role, claiming no evidence of their participation and suggesting a campaign to discredit the Army. Meanwhile, it briefly mentioned continuing search efforts and dialogue without providing new information about the student’s whereabouts.
Despite admitting it as a changeable hypothesis, the emphasis on the military’s innocence distracts from the primary goal: finding the students, even if it questions any institution’s role. Furthermore, the argument for the Army’s innocence is undermined by the ongoing military trial against the civilian official who led last year’s Ayotzinapa investigation, an unprecedented and illegal action that threatens Mexican democracy.
In response, the PMPJ—a movement of Afro-descendant and Indigenous organizers, relatives of the disappeared, survivors of armed violence, and human rights defenders from Mexico, Central America, and the United States—demands that the Mexican government use its remaining term to locate the students, following all possible leads, including those implicating the Army. We also call for an end to the armed forces’ persecution of officials and organizations involved in search efforts.
The Ayotzinapa tragedy reflects the plight of thousands in Mexico and the United States who, due to their economic status, gender, race, or ethnicity, are vulnerable to severe violence without justice and truth.
We stand with the parents of the Ayotzinapa 43; their struggle is our struggle, the fight for justice and human dignity in our region. Their resilience inspires us all to demand accountability and to end the violence that plagues our communities.
In Solidarity,
People’s Movement for Peace and Justice
EN SOLIDARIDAD CON LAS MADRES Y PADRES DE AYOTZINAPA
El Movimiento de los Pueblos por La Paz y la Justicia (MPPJ), en el marco del reciente informe presentado por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresa su solidaridad con la postura de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, miembros de nuestro Movimiento.
A cerca de 10 años de uno de los eventos más dolorosos de la historia reciente de México, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una herida abierta que mostró los vínculos criminales entre traficantes de armas y drogas de México y Estados Unidos, al amparo de la complicidad, la colusión y la omisión de autoridades policiales y militares de ambos países. Desde entonces, los padres y madres han tenido que enfrentar un sin fin de obstáculos de criminales y gobiernos para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
En días pasados, en una carta pública, previa a la entrega del último informe sobre el caso, el Gobierno de México da muestra de estar más concentrado en defender el papel de los militares en estos hechos, argumentando que no encontró evidencias de su participación y presentando evidencias de una supuesta campaña para desprestigiar al Ejército, mientras que, en menor medida, habla de que continúan los esfuerzos de búsqueda y reitera su disponibilidad al diálogo, sin ofrecer nuevas pistas ni nueva información sobre el paradero de los jóvenes estudiantes.
El énfasis en la inocencia de los militares, a pesar de reconocer que es una “hipótesis” que podría cambiar, se distrae del objetivo principal que debe perseguir el gobierno: encontrar a los estudiantes, aunque ello implique poner en duda el papel de cualquier institución de gobierno frente a estos hechos.
Por si fuera poco, el argumento de la inocencia del Ejército se pone en duda con el avance del juicio militar contra el civil y funcionario público del mismo gobierno, quien encabezó la investigación de los hechos de Ayotzinapa el año pasado; un hecho ilegal y sin precedente que pone a temblar a la democracia mexicana.
Frente a estos hechos, el MPPJ, un movimiento de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, indígenas, así como de familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia armada y defensores de Derechos Humanos de México y Estados Unidos, demandamos al Gobierno de México que ocupe los meses restantes de su gestión para encontrar el paradero de los estudiantes, atendiendo a todas las pistas posibles, incluyendo a aquellas que apuntan al Ejército. Así mismo, solicitamos que se detenga la persecución, por parte de las fuerzas armadas, de los funcionarios y las organizaciones que han acompañado o encabezado labores de búsqueda.
La historia de Ayotzinapa es la historia de miles de personas en México y Estados Unidos, que por su condición económica, de género, de raza o etnia son vulnerables a las peores formas de violencia, sin que exista justicia y verdad.
Por eso, estamos con los padres y madres de Ayotzinapa: porque en su lucha va la lucha de las víctimas de violencia de la región.
En Solidaridad,
Movimiento de los Pueblos por La Paz y la Justicia.
August 4, 2024