Lee en español abajo
The People’s Movement for Peace and Justice (PMPJ) condemns the widespread violence in Mexico and the army’s role in it, which affects the entire population, including migrants and people on the move.
On the night of October 2, the Mexican army in the state of Chiapas shot and killed six migrants of various nationalities, including Egypt, India, Nepal, and Pakistan. Additionally, on September 24, the Instituto Nacional de Migración (INM) conducted an operation in which 25 individuals, including minors of Venezuelan and Colombian descent who were seeking asylum in the United States, were detained arbitrarily and without legal basis.
Since 1968, from the events of Ayotzinapa in 2014 to the present day, the Mexican Army has been one of the main actors responsible for the deaths, disappearances, and human rights violations against both the Mexican population and those traveling through the country.
This situation is both shameful and contradictory for a government that claims to promote and defend the rights of all people. We demand the demilitarization of the country and its institutions, including the INM. We also call on the government to investigate and punish these assassinations, provide complete information on the whereabouts and status of these individuals, and fulfill its obligations to protect migrants and asylum seekers awaiting their appointments in Mexico.
The majority of those criminalized and persecuted by the Army and INM are people of color, Indigenous people, and individuals without access to economic resources. These actions expose the racist and classist nature of these institutions that systematically violate human rights.
El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia denuncia el estado generalizado de violencia que se vive en México, así como el papel de los militares en ello, afectando a toda la población, e impactando también a las personas migrantes y en tránsito.
La noche del 2 de octubre, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas, México dispararon a un vehículo matando a al menos 6 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú y pakistaní, y el pasado 24 de septiembre el INM realizó un operativo en la CDMX donde detuvo arbitrariamente y sin sustento legal a 25 personas, incluidos menores, de nacionalidad venezolana y colombiana que estaban solicitando asilo en Estados Unidos.
Desde 1968, pasando por Ayotzinapa el 2014 y hasta el día de hoy, el Ejército Mexicano se ha convertido en uno de los principales actores responsables de la muerte, desaparición y violación de DDHH de la población mexicana y de aquella qué transita por el país.
Esta situación es una vergüenza y una contradicción para un gobierno que dice promover y defender los derechos de todas las personas. Exigimos la desmilitarización del país y sus instituciones, incluído en INM, y demandamos a las autoridades que investiguen y sancionen los asesinatos y que proporcionen la información completa del paradero y situación de los migrantes detenidos, así como la protección de las personas en tránsito y solicitantes de asilo que esperan su cita en México.
La mayoría de las personas criminalizadas y perseguidas por el Ejército y el INM son personas de color, indígenas y sin acceso a recursos económicos. Estas acciones refrendan el carácter revista y clasista de estas instituciones que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.