Mexico: A La Ofensiva


Mujeres refugiadas en el campamento de Xoyep, impidiendo el acceso
a militares dentro de la comunidad.

A La Ofensiva:
Intesificada Ocupación Militar a
Seis Meses de la Masacre de Acteal

Una investigación especial reportada por Global Exchange
Junio de 1998

English version

Contenido

  1. Glosario de Términos Claves
  2. Preface
  3. Nota importante
  4. Resumen ejecutivo
  5. Reporte de texto
  6. Mapa de Chiapas
  7. Recomendaciones

 


Glosario de Términos Claves

CONAI
Comisión Nacional de Intermediación. Se compone de reconocidas personas por su calidad moral en el país y es presidida por el obispo Samuel Ruiz. (Véase nota importante en la página siguiente)
COCOPA
Comisión de Concordia y Pacificación. Integrada por miembros de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional.
EZLN
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Guerra de Baja Intensidad (GBI)
Estrategia militar de contra-insurgencia que tiene por finalidad combatir levantamientos populares a través de la desarticulación de los esfuerzos organizativos. Componentes fundamentales de ésta incluyen desinformación (o tergiversación de ella), tácticas psicológicas, presión militar, y desgaste -todas las cuales infunden temor e inseguridad.
Zona Norte
Área en el norte de Chiapas severamente polarizada en diferentes líneas sociales, políticas y también religiosas, en donde los grupos paramilitares son muy activos.
Grupos paramilitares
Grupos armados que actúan al margen de la ley, en su mayoría compuestos por campesinos e indígenas ligados al PRI. Típicamente caracterizados por defender intereses políticos y económicos de los poderosos en la región.
PRI
Partido Revolucionario Institucional. Partido político en México que ha permanecido en el poder desde finales de los años 20s al terminar la revolución mexicana.
San Andrés Larráinzar
Poblado en donde el 6 de febrero de 1996, tanto el gobierno federal como el EZLN firmaron acuerdos históricos en materia de derechos indígenas.

Prefacio

Este reporte es una investigación escrita en un período de dos meses por un equipo de tres investigadores de Global Exchange en la ciudad de México, San Cristóbal de Las Casas y la zona de conflicto en Chiapas.

Global Exchange ha mantenido actividades de monitoreo en materia de derechos humanos desde la ofensiva militar contra el EZLN del 9 de febrero de 1995 y ha establecido un trabajo estrecho con organismos no gubernamentales locales y con comunidades autónomas en la región.

En el contenido de estas páginas encontramos testimonios fuertes de comunidades indígenas describiendo detalles vívidos de la realidad cotidiana bajo una intensa ocupación militar. Mientras que estos testimonios hablan por sí solos, se explicará su relevancia dentro del contexto de la GBI que el ejército federal emprende contra estas comunidades; incluyendo datos sobre el aumento en los niveles de militarización en Chiapas, y sus efectos políticos, sociales y culturales.

Los testimonios son voces auténticas de indígenas de las comunidades de Morelia, 10 de Mayo y Nueva Esperanza en el municipio de Altamirano, y La Garrucha en el municipio de Ocosingo. Morelia y La Garrucha son además cabeceras de los municipios autónomos 17 de Noviembre y Francisco Gómez respectivamente.

El reporte incluye entrevistas con un experto en materia constituciónal de la ciudad de México, así como con miembros de la CONAI, promotores de salud y profesionistas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Estas entrevistas de gran profundidad ayudaron a darle forma a nuestro análisis.

Fuentes secundarias incluyen reportes sobre militares y paramilitares hechos por prominentes organismos de derechos humanos mexicanos como por ONGs internacionales, revistas de análisis político, periódicos nacionales, comunicados de líderes de los municipios autónomos y otras organizaciones campesinas.

Uno de los retos mayores para investigadores en zonas de conflicto es la falta de estadísticas y la falta de disposición de la gente para proporcionar información, particularmente la que ha sido víctima de la violencia. Al compilar este reporte, estuvimos muy ansiosos por grabar las voces de mayor importancia en este conflicto -la de los indígenas mismos. Tres años de trabajo de campo y la construcción de amistades en las comunidades de Chiapas han posibilitado la producción de este reporte.

Nota Importante - 10 de Junio de 1998

El 7 de junio de 1998, Samuel Ruiz, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, renunció como presidente de la CONAI y como mediador entre el gobierno y el EZLN. Don Samuel es referido y citado en este reporte, así como la CONAI, que se disolvió a la hora de la renuncia del obispo.

En la renuncia, don Samuel Ruiz culpa al gobierno de la ruptura del diálogo y acusa al presidente Zedillo de patrocinar "una constante y creciente agresión gubernamental" hacia su persona y el proceso de mediación.

Los comentarios del obispo aunados a un peso considerable de evidencias contenidas en este reporte sobre la subestimación sistemática del gobierno hacia los esfuerzos de la sociedad civil mexicana, y la CONAI en particular, para crear un proceso de diálogo "con justicia y dignidad". El retiro del obispo Ruiz ha dejado un peligroso vacío en el proceso de paz, que ya ha conducido a un incremento en la tensión y derramamiento de sangre en el estado.

Existe una amplia preocupación que el gobierno vea como una oportunidad la renuncia del obispo para fortalecer su propia agenda para resolver el conflicto sin mediación, y de esa forma preparar el camino hacia una ofensiva militar contra el EZLN y las comunidades que son bases de apoyo.

La primera señal de una mayor escalada en el conflicto tuvo lugar el 10 de junio, al haber choques violentos entre simpatizantes zapatistas y las fuerzas de seguridad pública en el municipio autónomo de San Juan de la Libertad. Estos han sido los primeros choques armados entre las fuerzas armadas del gobierno y los zapatistas desde que el Ejército Federal Mexicano (EFM) irrumpió y ocupó de forma violenta áreas de influencia del EZLN en febrero del 1995.

Mientras este reporte es entregado a la prensa hay todavía considerable confusión sobre la secuencia de los eventos -las fuerzas de seguridad detuvieron a periodistas internacionales y nacionales para impedir el acceso al área- pero testimonios iniciales de observadores de derechos humanos mexicanos reportaron bajas en ambos bandos, particularmente zapatistas que trataron de prevenir al municipio de tener el mismo destino de los municipios de Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad y Nicolás Ruiz.


Resumen Ejecutivo

En los seis meses siguientes a la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano a lanzado una ofensiva militar hacia las bases de apoyo del EZLN. En enero de este año, El EFM comenzó un proceso de incursiones sistemáticas hacia las comunidades indígenas, durante las cuales han sido detenidos líderes zapatistas, destruyendo propiedades y más recientemente desmantelando la infraestructura de los municipios disidentes. La intensificación de la ocupación militar en Chiapas, actualmente estimado sobre los 70,000 elementos, es parte de una más amplia GBI destinada al rompimiento de la resistencia de las comunidades en rebeldía.

El gobierno ha justificado la invasión de áreas indígenas con el pretexto de desarmar a grupos paramilitares pro-gobiernistas, llevar "ayuda humanitaria" a comunidades vulnerables, e introducir fuerzas "para mantener la paz" y así evitar "masacres posteriores". Seis meses de operación militar, no han dado como resultado el hallazgo de armas ni al desarme de los grupos paramilitares -que siguen actuando impunemente en áreas de ocupación militar. A pesar de la campaña de labor social del ejército, el bienestar de las comunidades ocupadas ha declinado enormemente a medida que gente es desplazada de sus lugares y que la actividad económica normal es interrumpida.

Un experto en la constitución mexicana informó a Global Exchange que, en su opinión, las actividades del EFM son ilegales, al violar la Constitución mexicana y las leyes del diálogo y reconciliación (elaboradas en 1995 para entablar el diálogo), y por abusar de las ley de armas de fuego y explosivos (que sólo puede ser aplicada en tiempos de paz por autoridades civiles).

Mujeres indígenas enfrentan a los soldados mexicanos

Más aún, la ofensiva militar coincide con una campaña gubernamental para desacreditar al EZLN y para introducir una iniciativa legislativa sobre derechos indígenas que se sobrepone a los acuerdos de San Andrés (firmados por ambas partes en el conflicto en 1996). Desde Acteal, el gobierno equívocamente ha igualado al EZLN con grupos paramilitares pro-gobiernistas como estrategia para reducir el status del levantamiento original a un conflicto intercomunitario entre facciones indígenas rivales.

Más de tres años de ocupación militar han traído como consecuencia un alto costo social y económico en la estructura de los autodenominados comunidades autónomos. La presencia de los soldados federales ha traído como consecuencia el rápido deterioro de la salud de las comunidades con la introducción de problemas de tipo social como alcoholismo, drogadicción, prostitución, y la transmisión de enfermedades venéreas. Estos problemas han sido exacerbados con el atentado del gobierno de desacreditar las actividades independientes de trabajadores de la salud, como es el caso de los organismos no gubernamentales y las organizaciones internacionales que trabajan en las comunidades.

Las comunidades que apoyan a los zapatistas han respondido a la ofensiva gubernamental formando grupos de defensa civil no armados. Estos grupos, en su mayoría compuestos por mujeres indígenas, han tenido éxito en el impedimento de la entrada de soldados a sus comunidades a pesar del uso de la fuerza en contra de ellas.

Global Exchange a presionado al gobierno mexicano para que de inmediato cese acciones de tipo militar, y ha exigido el retiro del ejército en las áreas de conflicto para poder crear una atmósfera propicia para el diálogo y así poder crear pre-condiciones para un futuro diálogo con el EZLN. Más aún, Global Exchange a llamado al gobierno norteamericano y la comunidad internacional para que cooperen presionando al gobierno mexicano para lograr la paz en Chiapas, respetando los derechos de todos.


A La Ofensiva:
Intesificada Ocupación Militar a
Seis Meses de la Masacre de Acteal

La masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, en donde 45 indígenas fueron asesinados por paramilitares pro-gobiernistas, representó un giro en la estrategia gubernamental hacia el conflicto en Chiapas.

A las tres semanas de la masacre, la respuesta de la administración de Zedillo no fue el desarme de los grupos paramilitares responsables de éste y otros asesinatos, pero en lugar ha implementado un incremento militar a la vez que las incursiones han aumentado en tres regiones de gran influencia zapatista: los Altos de Chiapas, la Zona Norte y el área oriental de la selva (a menudo denominada "zona de conflicto").

Un tercio del ejército federal mexicano se encuentra actualmente estacionado en Chiapas, con aproximadamente 6,800 soldados permanentemente acuartelados en la delicada zona norte. Los patrullajes militares en el área selvática de influencia del EZLN se han triplicado en los últimos tres años. Simplemente desde diciembre de 1997, el EFM ha penetrado a cerca de 60 comunidades.

Es importante recordar que el EZLN, por su parte, desde el 11 de enero de 1994 se ha pronunciado por un cese al fuego.

Este significativo incremento en el número de efectivos del EFM, como lo testifican los entrevistados para este reporte, ha tenido un impacto desastroso en la estructura económica, social, cultural y ambiental de las comunidades indígenas. De manera irónica, el uso de la militarización por el gobierno mexicano como respuesta a un conflicto con raíces socioeconómicas, ha exacerbado las injusticias subyacentes, de las cuales los zapatistas han obtenido significativa apoyo comunitario.

El renovado esfuerzo del presidente Zedillo para sofocar el levantamiento indígena en Chiapas se ha coludido con una de las prioridades de la administración -presentar a un México democrático, moderno, tolerante y estable, a la opinión pública y los inversionistas extranjeros. La militarización en Chiapas y el aumento de hostilidades entre simpatizantes zapatistas y simpatizantes del partido oficial PRI, no presagia nada bueno para la estabilidad de la todavía frágil apertura democrática ganada en años recientes por la oposición mexicana.

En la primera parte de este reporte se examina el razonamiento del gobierno para mantener al ejército en Chiapas. Enseguida el reporte revisa el incremento militar, las implicaciones constitucionales y los efectos variados que ha ocasionado a las comunidades indígenas. Finalmente, habitantes de estas comunidades nos proporcionaron entrevistas de primera mano sobre las incursiones, ataques brutales que han tenido que padecer por la mano del EFM. El reporte finaliza con una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano y estadounidense así como para individuos y organizaciones preocupadas.

La Militarización de Chiapas

En una entrevista reciente con Global Exchange, don Samuel Ruiz, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), concluyó que "lo que pasó en Acteal de cierta forma fue la conclusión de una fase previa para el ejército, porque Acteal les dio la oportunidad de reposicionarse, con cierta justificación, en comunidades que son base de apoyo del EZLN. La figura más baja que hemos tenido últimamente es de 74 mil soldados: tenemos un mapa increíble que muestra los lugares en donde se ubican. Es más, ya no es un ejército que tenga relación con el proceso de diálogo, sino más bien marcha de acuerdo a su propia lógica". (Véase nota importante.)

El pasado procurador general de los EU Ramsey Clark describió la militarización en Chiapas durante su visita a la región en abril de este año como "una enorme ocupación militar en contra de su propia gente, mucho mayor que en Bosnia". (La Jornada, 2 de abril de 1998)

El gobierno federal justifica el incremento militar como medida para restablecer el "estado de derecho" en las comunidades. (Restablecer el orden y las leyes). Dice que el ejército no es de ocupación, sino más bien, es quien mantiene la paz y que es necesaria su presencia para evitar más encuentros violentos entre grupos indígenas antagónicos.

Después de lo sucedido en Acteal, en solamente una semana el ejército envió 6,000 elementos a la región de los Altos, lugar antes no ocupado. La "misión oficial" era el supuesto desarme de "civiles armados", que han "operado impunemente en el área" y para "proveer de ayuda humanitaria" a desplazados de sus comunidades de origen.

Ante la supuesta ayuda que prestaría el ejército en el municipio de Chenalhó, el gobierno mexicano reclamó la "respuesta agresiva" del presidente del municipio autónomo de Polhó, quién ha brindado espacio para alojamiento a miles de desplazados por la violencia de los paramilitares. El 9 de enero del año en curso él le dijo al nuevo gobernador de Chiapas: "nosotros los indígenas no confiaremos más en el gobierno federal y estatal, y mucho menos en sus soldados federales que han acorralado y sitiado nuestras comunidades con sus tanques, carros artillados, helicópteros, aviones y armas de guerra. No es suficiente con víveres y unas cuantas láminas para resolver nuestra grave situación y quitarnos el hambre. Estos regalitos que está enviando el gobernador se agotarán en unos cuantos días, mientras que la pobreza, hambre y enfermedad permanecerán con nosotros para siempre."

Todos los grupos paramilitares hasta ahora identificados (hasta 12 de acuerdo al Procurador de Justicia de la República Jorge Madrazo) se han declarado seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido oficial de México. A pesar de la gran presencia militar; ninguno de los paramilitares, incluyendo a Paz y Justicia (que han recibido medio millón de dólares a través del gobierno estatal) ha sido desarmado.

Organizaciones de derechos humanos incluyendo a Global Exchange, continuamente reciben quejas de organizaciones comunitarias vulnerables de hombres armados operando en el área, incluyendo a Las Abejas, una organización religiosa dedicada a trabajo por un cambio social de manera pacífica y cuyos miembros fueron masacrados en Acteal. Rumores de que habrá "otro Acteal" en Chenalhó han surgido a partir de la presencia militar en el municipio.

Dos semanas después de la entrada del ejército a varias comunidades de Chiapas, Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo, "hasta ahora no hay noticias de ningún grupo paramilitar desarmado, mas sin embargo han habido acusaciones de numerosas incursiones ilegales a comunidades por el ejército, con el subsiguiente abuso hacia los habitantes... con esta falta de compromiso por arte del gobierno federal, no podrán detener a los miembros de estos escuadrones de la muerte, especialmente a aquellos responsables por el genocidio de Acteal y a los asesinos de más de 500 miembros de las comunidades indígenas." (La Jornada, 8 enero 1998)

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), comisión del congreso que incluye a representantes de los partidos políticos, se sumaron a la voz de protesta diciendo: "hasta ahora no tenemos ninguna indicación de que ellos (el EFM) hayan actuado de manera alguna contra ningún grupo paramilitar, cuando saben exactamente en donde se encuentran ubicados. Qué hace el ejército llevando a cabo incursiones dentro de La Realidad, Morelia, y comunidades con una fuerte presencia zapatista, cuando los santuarios de los paramilitares están en Los Chorros, en Pechiquil, en Chenalhó, y en Tenejapa." (La Guerra en Curso, Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," Feb. 1998)

Onésimo Hidalgo, miembro del equipo de información de la CONAI, en una entrevista de fondo con Global Exchange, sobre la militarización en Chiapas, va más allá, acusando al ejército de actuar coludido con miembros locales del PRI. "Si se quiere ver evidencia del involucramiento del gobierno en el crecimiento de los paramilitares, basta con ver las fotografías publicadas en el semanario Proceso, en donde se ve claramente a la Policía de Seguridad Pública (PSP) trabajando junto con paramilitares." (Proceso, 1 marzo 1998)

Testimonios recientes de comunidades del municipio autonomo de Ricardo Flores Magón coinciden: la cabecera municipal de Taniperla fue invadido por las fuerzas de seguridad pública el 11 de abril de 1998. Doce observadores internacionales y nueve mexicanos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad pública durante la emboscada. De acuerdo a simpatizantes zapatistas y no simpatizantes, la presencia de tropas federales, las fuerzas estatales de seguridad y la policía judicial, está siendo usada para acordonar Taniperla y ocultar el entrenamiento proporcionado a un nuevo grupo paramilitar, el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Anti-zapatista).

La Estrategia Gubernamental

La estrategia gubernamental sólo puede ser entendida bajo el contexto de contra-insurgencia llevado a cabo por el EFM, filtrada al semanario Proceso, y publicada el 4 de enero de 1998, un día después de la ofensiva hacia posiciones del EZLN. La campaña "Plan Chiapas" del ejército fue iniciado en octubre de 1994, con el consentimiento del gobierno y constituye la base de la conducta del presidente Zedillo de "eliminar la amenaza zapatista". (Proceso, 4 de enero de 1998)

Este documento gubernamental invita a la creación de grupos armados de "auto-defensa", al desplazamiento de grupos rebeldes para aislar a los insurgentes zapatistas, la "desintegración o control de organizaciones de masas", y el uso de operativos de tipo psicológico "para quitarles a los rebeldes su voluntad de lucha y ganar el apoyo de la población civil". Si estos grupos de auto defensa no existen, "deben ser creados" sugería el documento emitido por el secretario de la defensa Antonio Bazán y el comandante del ejército, en Chiapas Miguel Ángel Godínez, quien actualmente posee un cargo de representación en el Congreso Federal.

El documento además hace un llamado al ejército para que "limite el efecto negativo ocasionado por grupos defensores de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales, así como de los organismos no gebernamentales... y provea de ayuda a la población a través de su "labor social".

El surgimiento de los grupos paramilitares pro-gobiernistas ya ha sido documentado con anterioridad por organismos no gubernamentales y por brigadas de observadores internacionales de derechos humanos. (Véase Ni Paz Ni Justicia Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, noviembre de 1996). Dentro de este texto, limitamos nuestra investigación a la investigación del rol del ejército dentro de la GBI como estrategia gubernamental contra los indígenas chiapanecos. Proveemos también evidencia del precio elevado que están pagando las comunidades indígenas debido a la ocupación militar en el estado. Evaluamos las constantes negativas del gobierno que no son más que señales de guerra, a la luz de los siguientes factores:

  • Más de 70,000 elementos (un tercio del EFM) se encuentran actualmente ubicados en Chiapas, predominantemente en la Zona Norte, los Altos y Selva. (Cuarto Poder, 6 marzo 1998)

     

  • Más 6,800 soldados ubicados de forma permanente en la Zona Norte. Estas tropas a pesar de estar ahí no han desarmado a ningún grupo paramilitar, entre ellos Paz y Justicia, quien es responsable de más de 60 muertes en los últimos tres años. (La Jornada, 28 diciembre 1997)

     

  • Hay 5 soldados por cada policía estatal. (La Jornada, 14 enero 1998)

     

  • Los patrullajes militares en la zonas de influencia zapatistas se han triplicado entre el 24 de diciembre de 1997 y el 3 de enero de 1998. (La Jornada, 3 enero 1998)

     

  • El EFM ha entrado a aproximadamente 60 comunidades desde el 22 de diciembre de 1997. Todas estas comunidades han sido reconocidas como bases de apoyo zapatistas o simpatizantes de éstos. (Comisión Nacional de Intermediación; CONAI)

     

  • El EZLN se sumó al cese al fuego desde el 11 de enero de 1994.

Aunque el gobierno mexicano ha justificado la presencia cada vez mayor del EFM para combatir supuestamente a los grupos paramilitares, la mayoría de los operativos, desde la masacre de Acteal se han llevado a cabo en regiones de poca acción o limitada historia paramilitar. Los siguiente son ejemplos de municipios que han sido tomados por el ejército. Los testimonio de estas comunidades se ilustran en una sección posterior de este reporte.

Municipio de Altamirano:

  • El 1 de enero de 1998, el ejército entró a la comunidad de Nueva Esperanza. La comunidad se huyó y se refugió en la montaña; los militares permanecieron ahí por tres días destruyendo bienes personales y comunales.

     

  • El 3 de enero de 1998, el ejército entró a la comunidad de Morelia, que funge como centro administrativo del municipio autónomo 17 de Noviembre. Catearon varias casas antes de ser expulsados de la comunidad de forma no violenta por las mujeres organizadas en la resistencia.

     

  • El 8 de enero de 1998, el ejército intentó entrar de nuevo a Morelia encontrándose con la resistencia de las mujeres organizadas, quienes ya habían organizado un bloqueo carretero para impedir el acceso a los federales e impedir la destrucción de sus bienes por estos últimos.

     

  • El 9 de enero de 1998, el ejército entró a la comunidad 10 de Mayo golpeando mujeres que trataban de impedir la incursión. 16 mujeres fueron heridas al igual que 9 niños, muchos de los cuales se encontraban en brazos de sus madres. 9 de las mujeres se encontraban en estado de cinta.

     

  • El 14 de abril de 1998, tropas federales, PSP, policía judicial, agentes de la migración, entraron a la comunidad 10 de abril, lanzando gases lacrimógenos. Tres observadores de derechos humanos fueron detenidos y deportados, un joven indígena fue brutalmente golpeado, detenido y torturado. Varias casas fueron cateadas y varias pertenencias fueron robadas.

Municipio de Ocosingo:

  • El 9 de enero de 1998, el ejército intentó entrar a la comunidad La Galeana, bastión del EZLN; los militares fueron replegados por miembros de la comunidad.

     

  • El 11 de abril de 1998, una fuerza mixta de más de 500 agentes, incluyendo comandos de élite, tropas federales, PSP (Policía de Seguridad Pública), policía judicial, y agentes de la migra entraron al recientemente inaugurado municipio autónomo de Ricardo Flores Magón. Doce observadores internacionales fueron detenidos y deportados; nueve mexicanos fueron detenidos y encarcelados (incluyendo a dos observadores de derechos humanos no indígenas).
Soldados mexicanos ocupan la escuela en Acteal, Chiapas.

Municipio de Las Margaritas:

  • El 1 de mayo de 1998, el ejército acompañado de la PGR, fuerzas estatales de seguridad y agentes de la migra entraron al municipio autónomo de Tierra y Libertad. Bajo el pretexto de rescatar a un refugiado guatemalteco de la cárcel municipal, destruyeron la infraestructura y documentación del cabildo autónomo incluyendo actas de nacimientos, de matrimonio, etc. Además se robaron máquinas de escribir y más de 20 mil pesos de las oficinas. 53 mexicanos fueron detenidos, de los cuales 8 fueron posteriormente encarcelados, y 8 guatemaltecos fueron detenidos y deportados.

Municipio de Nicolás Ruiz:

  • El 3 de junio de 1998, aproximadamente mil policías judiciales y soldados federales tomaron el municipio de Nicolás Ruiz, que en su mayoría los habitantes simpatizan con el EZLN y pertenecen al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las fuerzas de seguridad al ingresar arrojaron gases lacrimógenos, tumbaron puertas y arrestaron a 164 personas, 16 de los cuales fueron encarcelados con el cargo de secuestro además de ser acusados de haber expulsado a simpatizantes del PRI. Los 148 restantes que habían sido detenidos de forma arbitraria fueron liberados al día siguiente sin cargos.

Estos operativos de "barrido o peinado" de las fuerzas de seguridad fueron ejecutadas en contra de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (instancia oficial) al gobierno estatal por el operativo de Taniperla. Operativo que fue condenado por grupos de derechos humanos y de oposición en Chiapas, quienes acusaron al gobernador Roberto Albores Guillén de llevar a cabo una "guerra sucia" en contra de sus opositores políticos ante las venideras elecciones municipales del 4 de octubre.

"En los últimos 50 días el gobierno interino de Albores Guillén ha usado a 4 mil soldados y policías de seguridad pública para desmantelar gobiernos autónomos zapatistas e impedir el progreso electoral del PRD en varios municipios", de acuerdo a partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos. (La Jornada, 5 junio 1998)

Implicaciones para la Constitución Mexicana

"Toda la ciudadanía sabe que las fuerzas armadas actúan en completo apego a la ley, bajo un código estricto de ética."
-Presidente Zedillo, febrero 1998

De acuerdo a Barbara Zamora experta en la Constitución mexicana de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), las acciones del ejército en Chiapas son anticonstitucionales. "El ejército debe permanecer en sus cuarteles", dijo a Global Exchange en una entrevista realizada en su oficina en la ciudad de México. "Más aún, sólo pueden salir de sus cuarteles bajo mandato presidencial, además de que éste debe consultar previamente al Congreso de la Unión. Estas son garantías importantes para proteger a la ciudadanía de sus propias fuerzas armadas". La función del ejército se limita a garantizar la integridad del territorio nacional, sin usarse en contra de sus conciudadanos, especialmente si no se ha declarado un estado de guerra y hay un proceso de diálogo, suspendido, pero en progreso.

"El pretexto de estar aplicando la ley de armas de fuego y explosivos para desarmar a grupos paramilitares es claramente falso", dijo, "cuando la citada ley por el gobierno no faculta al ejército para ello". La ley de armas de fuego y explosivos faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para llevar un registro de los individuos y sus armas, mas no los faculta para desarmar grupos o para revisar sus comunidades".

Aunque se le facultara a la SEDENA buscar armas, entraría en contradicción directa con el artículo 129 de la Constitución Mexicana, ley suprema de la nación que estipula: "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá desempeñar cargo alguno fuera de los directamente relacionados con la disciplina militar". Significa que el ejército no puede bloquear carreteras o instalar retenes en busca de documentos personales (como ha sucedido desde que comenzó el conflicto). Ni tampoco puede ingresar a las comunidades en busca de armas o interrogar a los habitantes.

Zamora considera que "el gobierno usa la ley de armas de fuego y explosivos como excusa para justificar la ocupación ilegal de Chiapas. El pretexto previo -que el ejército combatía el narcotráfico- no le dio resultado, es por eso que se aprovechan de esta ley para mantener su presencia anticonstitucional en el estado". Zamora además argumentaba que el ejército estaba violando leyes agrarias, refiriéndose al artículo 27 constitucional, al ocupar terrenos ejidales (tierras de posesión comunal) sin la autorización de las autoridades ejidales.

Aunada a la violación de la Constitución y de la ley de armas de fuego y explosivos, las actividades del EFM en Chiapas, contradicen la letra y espíritu de la Ley para el Diálogo y la Reconciliación firmadas en marzo de 1995, para coadyuvar al proceso de paz entre el gobierno federal y el EZLN. Las violaciones a la Ley para el Diálogo se basan en la negativa del gobierno a reconocer al EZLN como una organización armada legítima, compuesta de "inconformes" luchando por "demandas justas"; y por su fracaso para garantizar el libre tránsito entre las comunidades y mantener una atmósfera de paz, reduciendo la tensión para facilitar el proceso de diálogo.

A los seis meses de Acteal, el gobierno se ha dedicado a desacreditar públicamente al EZLN equiparando su organización con la de los grupos paramilitares en Chiapas. Con esto el gobierno de manera deliberada ha revertido el proceso de reconocimiento y legitimación adversaria que dio paso a la negociación y acuerdos de San Andrés en 1995.

En enero de 1998 el nuevo secretario de gobernación Francisco Labastida Ochoa, quién fue uno de los señalados durante la masacre de Acteal, aseveró "el ejército mexicano tiene la obligación de desarmar a todos los grupos armados incluyendo al EZLN". El mismo mes el secretario de la defensa gral. Enrique Cervantes dijo, "la aplicación de la ley (armas y explosivos) no puede ser aplicada de forma particular y no pueden haber excepciones". El gobierno de forma repetida vincula (directa o indirectamente) el desarme del EZLN con el de los paramilitares, como estrategia para reducir el conflicto chiapaneco a un "simple conflicto intercomunitario".

Esta "redefinición" de términos facilitan al ejército para actuar como árbitros entre grupos antagónicos, sin reconocer al EZLN como su principal adversario. Esta táctica fue escuchada en el discurso de Zedillo durante su visita a Venezuela, el 14 de abril de este año, en donde describía al EZLN como "el principal grupo paramilitar en Chiapas".

Gonzalo Ituarte secretario técnico de la CONAI, disputa esa noción de que el EZLN es otro grupo paramilitar: "es necesario detener y desarmar a todos los paramilitares, pero el EZLN está en un proceso de negociación con el gobierno para su posible desarme, y esto, junto con el hecho de que el EZLN no ha usado las armas desde el 11 de enero de 1994, hacen ver claramente que el EZLN merece un trato diferente a los grupos paramilitares". (La Jornada, 8 enero 1998 p8)

El objetivo principal de la Ley para el Diálogo y la Conciliación (artículo 4) "era crear condiciones que correspondan con el proceso de diálogo y conciliación" entre el EZLN y el gobierno mexicano. Esto incluye el compromiso de "suspender acciones judiciales en contra de los miembros del EZLN, quienes, en su totalidad, ya no son sujetos a procesos judiciales". La ley del diálogo también compromete al gobierno a garantizar "el libre tránsito de líderes y negociadores del EZLN y asegurar que no sean interrogados por autoridades federales".

Miles de testimonios de indígenas, recabados en las tres regiones ocupadas de Chiapas, evidencian lo contrario a la misión declarada de crear una atmósfera de paz y reconciliación, la presencia militar ha hecho que la espiral de la violencia vaya en aumento junto con la desconfianza.

Como se mencionó anteriormente, las recientes detenciones políticas en la inauguración del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, y del municipio autónomo Tierra y Libertad, fueron ejecutadas por un contingente integrado por policías y ejército. Los 11 prisioneros de Ricardo Flores Magón, y los ocho de Tierra y Libertad, hacen que la lista de supuestos zapatistas encarcelados ascienda a 56. Estos últimos detenidos están encarcelados bajo los cargos políticos de "rebelión" y "usurpación de funciones que corresponden a las autoridades".

Miembros de comunidades de apoyo al EZLN reportan haber sido hostigados e interrogados de forma cotidiana, dentro de la comunidad o durante el traslado a otros lugares. Durante una entrevista con Onésimo Hidalgo de la CONAI, al preguntar si el gobierno mexicano respetaba el espíritu de la Ley para el Diálogo y Conciliación dijo que, "se ver claramente que no han respetado la ley, ya que siguen los vuelos de aviones y helicópteros para revisar las comunidades con el pretexto del narcotráfico o de la ayuda humanitaria".

El uso de bloqueos carreteros o retenes en Chiapas, puede violar la Constitución porque esta desmpeñando cargos atribuidos a civiles como la revisión de documentos personales. Durante las entrevistas con representantes de las comunidades afirmaron que los retenes violan la Ley de Diálogo acordado en San Miguel en 1995, al impedir el libre tránsito de civiles. Este acuerdo específico entre el EZLN y el gobierno federal establece que el gobierno no podrá permitir al ejército posisionarse de las carreteras. Hidalgo agregó "por supuesto que el gobierno no quiere reconocer que hay una guerra, pero los bloqueos militares indican claramente que el gobierno se encuentra en guerra".

Impacto de la Guerra de Baja Intensidad en la Vida Comunitaria

La GBI como estrategia del ejército contra el EZLN es para destruir la capacidad de resistencia a la ocupación militar y debilitar el tejido social y económico de las bases de apoyo. Acciones directas en contra de las comunidades emergen al difundir problemas sociales que aparecen de forma natural ante la proximidad de bases militares a las comunidades. La presencia de tropas federales ha traído consigo efectos corrosivos en la vida social y cultural de las comunidades indígenas. El obispo de San Cristóbal de Las Casas Samuel Ruiz, afirma que en algunos casos la presencia militar "ha logrado destruir la entraña misma de la comunidad". (A la Orilla de la Luz: Imágenes de los Altos y Selva de Chiapas, p6)

La evidencia de esta estrategia es más obvia en la zona de conflicto o selva oriental de Ocosingo, en donde los zapatistas tienen sus bases de apoyo tradicional. La región ha sufrido un aumento dramático en los niveles de prostitución, alcoholismo y drogadicción desde febrero de 1995 cuando el ejército tomó por asalto áreas que eran exclusivamente de control zapatista, después del levantamiento del 94. La ola de problemas sociales creada por la presencia militar, ha debilitado seriamente la salud y moral de las comunidades ocupadas.

La presencia de miles de elementos del ejército y sus bases militares han introducido la prostitución a cientos de comunidades indígenas. PRODUSSEP es una ONG local que provee asistencia médica dentro de la zona de conflicto. Ellos han reportado que "no sólo hay una relación directa entre la prostitución y los divorcios, sino una correlación directa entre la presencia de prostitutas y la transmisión de enfermedades venéreas, incluyendo al SIDA". Muchas de las mujeres lugareñas optan por la prostitución como salida a sus dificultades económicas. Muchas mujeres son engañadas por soldados quienes les exigen que les laven la ropa o vendan tortillas, y al no tener el cambio de billetes de 100 o 200 pesos, las obligan a tener relaciones sexuales.

Comunitarios piden a los soldados que se vayan de la escuela ocupada
en San Geronimo Tulija, Municipalidad de Chilon.

ONGs y promotores de salud han reportado un aumento de enfermedades mentales tales como depresión y problemas relacionados al stress. Mencionan la presión por la ocupación militar como el principal factor. Un miembro de la comunidad La Garrucha, cabecera del municipio autónomo Francisco Gómez, resumió la situación cuando le dijo a Global Exchange: "La mayoría de nosotros nunca habíamos visto soldados antes. Desde que hemos tenido que vivir con los militares tan cerca de la comunidad hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, las mujeres siempre han tenido que ir al arroyo para traer agua y leña, pero ahora con la presencia de los soldados tan cerca del arroyo, ya no van. Lo peor, es que han traído la prostitución con ellos, es para nosotros es muy mala costumbre. Nos afecta a todos, y es obvio que no nos están respetando ni a nuestras formas de vida".

"En nuestra comunidad el ejército instaló su campamento en nuestros pastizales con todo y nuestro ganado. De cualquier forma el ejército no nos deja acercarnos a su campamento y no podemos acercarnos a muchos de los animales. También hemos tenido problemas con la basura, porque el ejército no sabe cómo tirar su basura: la tiran por todos lados, donde ellos quieren. Como resultado se nos han muerto vacas, caballos, y cerdos al comer plástico que está regado por todas partes".

"Hay vuelos rasantes de aviones y helicópteros sobre la comunidad regularmente. Uno de los helicópteros que pasa nos toma fotografías. Todo el tiempo (desde la ocupación del ejército) han talado árboles en áreas que hemos destinado como reserva natural de nuestro ejido. Los soldados inclusive han comenzado a construir casas en la tierra que hemos considerado como reserva. Así pues, vivimos sabiendo que día a día corremos peligro. Todos los días pasan los camiones del ejército pasan por aquí, a veces se paran para tomarnos fotos, y a veces sólo para asustarnos, pero siempre pasan por aquí. Los soldados nos paran con frecuencia para preguntarnos ¿a dónde van?, y ¿qué llevan? Hasta han colocado retenes en el camino para revisar a miembros de la comunidad que pasan por ahí. No ha habido nada de tranquilidad desde 1995".

Un ejemplo de esta práctica general se llevo a cabo en la comunidad La Realidad, ocurrido el 24 de marzo de este año, cuando 9 distintos artefactos aéreos dieron 28 vueltas sobre las casas y los habitantes en un sólo día. (La Jornada, 27 marzo 1998)

La relación entre la salud mental y la salud física es bien conocida. "No comemos cuando escuchamos los rumores de que va a entrar el ejército", nos explicaba una mujer de Morelia, "así es que empezamos a sufrir de hambre. Los niños, los más pequeños, tampoco comen, porque los pechos maternos no producen leche. Y por supuesto nos enfermamos todos".

Impacto Ecológico

La presencia de más de 70 mil soldados ha traído consigo un elevado precio en materia ambiental, en la de por sí delicada ecología (por el crecimiento poblacional) de las áreas verdes. Recursos terrestres y acuáticos están siendo contaminados, comprometiendo la salud de la gente local y apeligrando la sustentabilidad de estos recursos para futuras generaciones. Como explicaba un representante de PRODUSSEP: "los soldados federales se bañan y lavan todo en los ríos, que no pueden tolerar tan drástico aumento en el uso, especialmente desde que los soldados no tratan las fuentes de agua con respeto. Cuando lavan sus vehículos, los soldados usan químicos peligrosos y otros productos no biodegradables que contaminan el suministro de agua. También aceleran el proceso de desforestación al talar árboles para leña. Al patrullar frecuentemente marchitan la milpa de las comunidades al transitar".

Estos daños a las comunidades han sido confirmados por artículos de La Jornada; "la frágil vida social y comunitaria de los indígenas está siendo destruida por la presencia de los soldados. Estos no edifican campamentos, como lo mandan las ordenanzas, defecan por al aire libre, dejan basureros por todos lados; penetran en los poblados, catean casas como si fueren policías con órden judicial; y roban el poco alimento y las pobres pertanencias de sus habitantes; fomentan que no hace mucho era totalmente desconocida para las comunidades indias, y, lo peor de todo, agreden, intimidan y amenazan sin descanso a los pobladores". (Arnaldo Córdova, La Jornada, 14 enero 1998)

Impacto en la Economía Local

Tres años de ocupación militar a interrumpido seriamente la economía local. Las incursiones constantes a partir de principios de este año han tenido un efecto devastador en comunidades que viven al margen de la subsistencia. El constante estado de alerta significa que los hombres no han tenido oportunidad de arar la tierra o cosechar el maíz, y las mujeres temen ir por agua o leña. Esto ha tenido como resultado la escasez de alimentos afectando a los más vulnerables como lo son los niños y los ancianos.

Proyectos a largo plazo también han sido interrumpidos. Estos proyectos representan los esfuerzos de comunidades indígenas para desarrollar su economía, más allá de lo que representa la subsistencia de cada día. Además son los cimientos de los nuevos y emergentes municipios autónomos. Estas actividades incluyen cooperativas agrícolas productoras de maíz, café, miel, así como ganado esperando ser consumido o para la venta en mercados exteriores. Ejemplos de cooperativas de mujeres son panaderías, huertas, artesanías, proyectos de cría de pollos, y tiendas cooperativas.

Es difícil representar las pérdidas, en cuanto que muchos de estos proyectos son a pequeña escala o están en etapas de planeación. De todas formas, una cooperativa de café en los Altos, la Unión Majomut, tuvo que cancelar 8 contratos firmados los cuales ascendían a un monto neto de 560 mil dólares. El café no pudo ser cosechado por el aumento de la actividad paramilitar en el área, esto incluye la masacre de Acteal, que hizo que la gente decidiera no entrar a los campos cultivados. Este capital hubiese creado un ingreso a más de mil familias.

La constante ruptura de estos proyectos ha creado un efecto devastador para la subsistencia a largo plazo de estas comunidades. Como explicaban mujeres de Morelia, "aquí estamos trabajando con nuestras manos, contentas de poder trabajar sólo para mantener a nuestros hijos. Desde enero hemos escuchado constantes rumores de que el ejército va a regresar. Y como mujeres no podemos trabajar en paz en nuestras casas, en nuestras cocinas, porque seguimos escuchando a los helicópteros pasar. Tampoco podemos trabajar en la cooperativa de mujeres. Eso es lo que quiere el gobierno - que no podamos trabajar en nuestras cooperativas, porque trabajamos para nosotras mismas y el gobierno quiere quitarnos el derecho de trabajar y organizarnos nosotras mismas No podemos trabajar en las huertas o nuestra panadería porque vemos que siguen llegando los helicópteros, volando muy bajo".

Impacto en el Acceso a la Salud

Organizaciones de salud no gubernamentales no sólo están preocupadas por el deterioro de la salud en las comunidades a raíz de la ocupación militar, sino que además acusan al gobierno federal de impedir el acceso a la ayuda médica, creando condiciones inadecuadas para las bases de apoyo zapatista.

En diciembre de 1997, Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) llevaron a cabo en Chiapas una misión para investigar el cuidado médico y tratamiento en zona de conflicto. La conclusión de su investigación decía como a continuación: "Evidencia colectada por PHR muestra que los programas del gobierno mexicano para aliviar la pobreza y la inigualdad social en Chiapas, no son más que maquillaje por naturaleza, y que el gobierno ha claudicado en su responsabilidad de asegurar de forma neutral (políticamente), la asistencia médica a los civiles en la zona de conflicto. Cuando mejor, los servicios de salud y otros, del gobierno, son subordinados y distorsionados, por los esfuerzos contra-insurgentes de éste mismo. Cuando peor, estos servicios son en sí componentes de la represión, manipulados de tal forma que se premia a los seguidores y penaliza y desmoraliza a los disidentes. En cualquier caso, los servicios de salud del gobierno en la zona son discriminatorios, fomentan la división política, y falla completamente sin afrontar las necesidades reales de la población en materia de salud". (Violaciones de los Derechos Humanos: Ética y Neutralidad Médica en Chiapas, México, Physicians for Human Rights, Diciembre 1997)

Esta investigación detalla como el gobierno mexicano viola acuerdos internacionales sobre la neutralidad médica; "basados en leyes humanitarias internacionales, en particular la convención de ginebra de 1949 y protocolos subsiguientes", discriminando a promotores de salud que trabajan en comunidades en rebeldía: "Mientras que los proveedores públicos de salud en la zona sufren de escasez de medicamentos y personal, proveedores no gubernamentales que trabajan dentro de las comunidades rebeldes carecen de acceso a fondos, recursos y apoyo del sistema público de asistencia médica, frecuentemente trabajando sin medicinas y vacunas básicas. Esto trae como consecuencia que las condiciones de salud en las comunidades en rebeldía sean notablemente peor que en las comunidades progubernamentales".

La discriminación hacia los promotores de salud independientes por manos de la ayuda del gobierno impulsan los motivos del Programa para la Labor Social del EFM. Marcos Arana, director de Defendiendo el Derecho a la Salud, ONG trabajando con la comunidades desplazadas en Chiapas, comentó a Global Exchange en una entrevista reciente: "la asistencia médica que presta el ejército no es más que un Caballo de Troya para penetrar las comunidades. En otras palabras, el trato médico se ha convertido en otra arma de guerra contra las bases de apoyo del EZLN. Es a su vez una violación a las leyes humanitarias internacionales, que estipula que la atención médica en situaciones de conflictos armados debe ser llevada de forma neutral a las partes".

Respuesta de las Comunidades

En enero de 1998, cientos de comunidades indígenas se organizaron para montar una estrategia de defensa desarmada para sus propias comunidades. El objetivo: prevenir futuras incursiones del EFM, sin acrecentar el conflicto. La gran mayoría de civiles que bloquean los accesos a a las comunidades son mujeres. De manera cotidiana tienen que confrontarse a soldados armados hasta los dientes (que a veces usan uniforme antimotines) con palos, piedras y voces llenas de temor y furia acumuladas durante 4 años de GBI.

Para muchos miembros de las comunidades bases de apoyo zapatista, el actual nivel de militarización es secuela de la ofensiva comenzada el 9 de febrero de 1995, cuando el EFM barrió la zona de conflicto. Durante esas fechas comunidades enteras huyeron hacia la montaña y permanecieron ahí durante días, semanas, o hasta meses, hasta que la Ley para el Diálogo y la Reconciliación proporcionaron condiciones para un retorno seguro. Mujeres de Morelia relataron a Global Exchange como la experiencia de febrero del 95 influyó la decisión de defender sus comunidades: "no queremos que ocurra lo mismo que paso el 9 de febrero (1995), cuando tuvimos que huir de nuestras casas y los niños sufrieron de hambre. Vimos como sufrían mucho -no teníamos alimentos para comer. Los niños todos se enfermaron, todos tenían fiebre. Todos nos enfermamos. Así es como lo miramos, que ya no queremos sufrir como esa vez en las montañas. Por eso estamos defendiendo nuestra comunidad".

Hay varias razones por las cuales las mujeres se decidieron a salvaguardar su comunidad. La primera es que la presencia de las mujeres es más fácilmente interpretado como defensivo y por tanto menos confrontativo. En segundo lugar, hay una historia de hombres indígenas que han sido secuestrados, interrogados, torturados y asesinados cuando el ejército entra a las comunidades indígenas.

Las mujeres también sufren de forma directa estas incursiones ya que sus casas, cooperativas, ganado y proyectos hortícolas son destruidas por los soldados. Además son víctimas de un acoso sexual intenso.

"Tuvimos una reunión en la que decidimos que vamos a correr al ejército si vienen de vuelta", una mujer de Morelia testificó: "por eso hicimos lo que hicimos el 8 de enero (1998), porque el ejército regresó otra vez y los sacamos. Pensamos, bueno, si nos quieren disparar, entonces que nos disparen. Estamos listas para defender nuestra comunidad, y proteger a los hombres, porque si se llevan a nuestros esposos, los van a torturar, los van a matar, como pasó el 7 de enero (1994), cuando mataron a nuestros tres compañeros. Ya no queremos que hayan más muertes".

Mujeres de las bases de apoyo Zapatista se han organizado para defender sus comunidades en varias regiones. Han establecido acuerdos para apoyar a otras comunidades amenazadas de ataque. El 1 de enero de este año, por ejemplo, mujeres de las comunidades vecinas a La Nueva Esperanza, se aglutinaron con los residentes de este municipio en un esfuerzo por echar fuera al ejército.


Mujeres de La Galeana corren a los soldados de su comunidad.

El 3 de enero, el ejército entró a Morelia, tomando la comunidad por sorpresa. Las mujeres de inmediato se organizaron y 60 de ellas lograr echar afuera a 100 soldados quienes estaban entrando y cateando casas. Al temer que el ejército volviera, establecieron una posta (puesto de vigilancia) de 24 horas en la carretera . El ejército volvió a los cinco días. En esta ocasión no sólo impidieron el acceso de los militares a Morelia, sino que los persiguieron varios kilómetros fuera de la comunidad para asegurarse de su ida.

Mujeres de otras comunidades se han encontrado en situaciones menos afortunadas, recibiendo un trato brutal por parte de los soldados, especialmente al no haber presencia de observadores internacionales. El 9 de enero, un día después de que las mujeres de Morelia corrieron a los militares, el ejército golpeó a mujeres y niños que defendían la entrada a la comunidad 10 de Mayo.

El hecho de que mujeres indígenas de muchas bases de apoyo Zapatista e inclusive no zapatistas confronten al ejército en Chiapas, demuestra su valor y es una señal clara de que el EZLN no quiere volver a la guerra, a pesar de las severas provocaciones. "La demanda de que el ejército se retire de nuestra comunidades indígenas no es interés de sólo unos cuantos - es la principal demanda de la gente indígena de Chiapas y ha sido reiterado una y otra vez desde que los militares entraron a nuestro territorio en febrero de 1995". (María Nuñez, ARIC-Independiente y Democrática)

La Realidad de la Presencia Militar en Chiapas: Voces de las Comunidades

El presidente Zedillo se refiere al EFM como "un ejército de paz", pero desde el 1 de enero de 1998, el EFM ha llevado a cabo una campaña sistemática de hostigamiento contra las comunidades zapatistas. Este hostigamiento ha adquirido varias formas incluyendo: el establecimiento de nuevas bases militares y bloqueo carreteros cerca de comunidades indígenas; movimientos de tropa en camiones, jeeps, y tanques de guerra; vuelos rasantes de helicópteros y aviones; interrogatorios a campesinos indígenas; abuso del medio ambiente local y de los recursos agrícolas, y la destrucción sistemática de la propiedad comunal.

Debajo hacemos una comparación entre algunas declaraciones oficiales del presidente Zedillo sobre las actividades del EFM en Chiapas y testimonios recogidos en comunidades indígenas.

"Los mexicanos tenemos mucha suerte de contar con un Ejército totalmente diferente de todos otros ejércitos en paises de América Latina. Somos muy afortunados."
(Presidente Ernesto Zedillo, La Jornada, 13 febrero 1998, p12)

El 1 de enero de 1998, el EFM entró a la comunidad de Nueva Esperanza a las 11:00 am durante la inauguración de una nueva cancha de basquetbol. Una vez que el EFM rodeó la comunidad, miembros de la comunidad huyeron a la montaña. Según mujeres de la comunidad, "el ejército mexicano se comió todas las gallinas, como 50 de la cooperativa de las mujeres, usaron nuestras ollas y regaron todo el maíz, el frijol, azúcar, sal y gasolina sobre el suelo... mientras se robaban más de 20 mil pesos". En la tienda de los hombres, "el ejército se llevó todas las bebidas, galletas, chiles, sardinas, y medicina, mientras robaban más de 27 mil pesos de la tienda".

Mujeres de Nueva Esperanza se organizaron y retornaron a su comunidad para exigir el retiro de los militares. Mujeres de varias comunidades aledañas a Nueva Esperanza llegaron a apoyarlas en su resistencia hacia la intrusión militar. Mujeres de Puebla Vieja dijeron, "los soldados nos dijeron que regresáramos a nuestras comunidades, porque si no nos iban a hacer sus mujeres por la noche". De acuerdo a mujeres de El Nance "los soldados básicamente usaron todas las casas de la comunidad como objetos de juego -incluso usaron los fogones como baño". Mujeres de la comunidad Puebla Nueva reportaron que, "después de decirle a los soldados que se fueran porque estaban en tierra de campesinos y que no estaban invitados, empezaron a golpear a algunas de las mujeres".

"Estos soldados ejemplares son insultados, golpeados; mandan niños y mujeres para insultarlos y a golpearlos, y ellos suportan todas esas provocaciones porque están muy conscientes de la situación."
(Presidente Zedillo, La Jornada, 13 febrero 1998, p12)

El 9 de enero de 1998, el ejército entró a la comunidad 10 de Mayo en donde se reportó que 16 mujeres y nueve niños fueron golpeados por soldados al tratar de defender su comunidad de la intrusión. Un grupo de 45 mujeres y sus hijos se aproximaron a los militares para preguntarles a dónde iban. De acuerdo a miembros de la comunidad, los militares con la policía estatal llevaban palas de diversos tamaños y camiones llenos de piedra, al igual que armamento. Verbalmente agredieron al grupo de mujeres y niños, gritando: "qué hacen en el camino, indios cochinos y cállense indias putas". Los soldados comenzaron a atacar a las mujeres con piedras, golpeándolas con las palas; agarrando a algunas del cabello y arrojándolas sobre el camino para pisarlas con sus botas. También las agarraron a culatazos. Las empujaron hacia una barranca, quedando por lo menos una de ellas en la orilla, mientras las amenazaban con violarlas.

Los niños que eran cargados por sus madres, fueron heridos durante la lluvia de piedras propinada por los soldados y, golpeados por las macanas a la hora de que éstos intentaban arrancar a los hijos de sus madres. Muchas de las mujeres con niños fueron puestas pecho a tierra. Una de ellas que había sido intervenida quirúrgicamente por un tumor abdominal, recientemente, perdió el conocimiento callendose al suelo. Los militares le dispararon, al menos en una ocasión muy cerca de su cuerpo, para que se levantara. Las mujeres y niños que se habían caído fueron obligados a levantarse a culatazos y palazos (con las palas). Otra mujer con siete meses de embarazo fue golpeada en el abdomen con la culata de un rifle ocasionando una herida visible; otra mujer embarazada también, tenía la pierna severamente inflamada por los golpes.

Este ataque duró 2 horas resultando heridas 16 mujeres y 9 infantes. Los niños incurrieron en constantes heridas por los golpes en cuello, cabeza, piernas, brazos, y espalda al ser cargados en los chales de sus madres. Una bebé de siete meses de edad perdió el conocimiento por los golpes recibidos en un período de más de una hora. 36 horas más tarde continuaba vomitando y llorando, rehusando a tomar leche materna. Otro niño de 1 año de edad recibió un golpe en la cabeza perdiendo la conciencia. Dos mujeres presentaban heridas profundas en su cabeza. Hasta que arribaron observadores internacionales, nadie de la comunidad salía para buscar ayuda médica, por tener miedo de encontrarse en el camino con priístas o soldados federales.

"El ejército no reprimirá a nuestros hermanos indígenas."
(Presidente Zedillo, La Jornada, 20 febrero 1998 p1)

El 3 de enero de 1998, el ejército entró a la comunidad Gabino Barrera en donde los miembros de la comunidad reportaron que, "los militares pisotearon todo nuestro maíz, frijol, pisotearon todo lo que estaba en nuestra milpa, porque nuestra milpa está cerca del río donde estaban los militares... Casi todo se perdió, el maíz, el frijol, no pudimos cosechar porque lo pisotearon todo. Todo este incidente nos ha humillado y asustado porque nunca hemos visto al ejército entrar a nuestra comunidad. Tenemos miedo de salir por temor a encontrarlos en el camino. Pensamos que es más peligroso para los hombres, pero también estamos alertas de que los soldados pueden asaltar, violar a cualquiera de nosotros si nos encuentran caminando afuera de nuestra comunidad".

"Nuestras fuerzas armadas son un ejército de paz."
(Presidente Zedillo, La Jornada, 20 de febrero de 1998, p1)

En la segunda mitad de enero de 1998, El EFM entró a varias comunidades en el municipio de Tila, en la zona norte. El 20 de enero tropas invadieron la comunidad de Jolja y comenzaron a usar detectores de metales para buscar armas, deteniendo a 5 hombres que fueron turnados a la PSP de Yajalón. Los nombres de los detenidos fueron proporcionados al ejército por miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia. El 26 de enero, entraron de nuevo los militares a Jolja, en esta ocasión detuvieron a 4 jóvenes mientras trabajaban en su platanar, les arrancaron su ropa y zapatos y les quitaron el plátano que habían cosechado. Mientras transitaban for las milpas y cafetales iban pidiendo identificación a quien se encontraban. El 28 de enero, el EFM entró con 6 camiones llenos de militares a la comunidad de Masojá Yochijá, acompañado por el director Tzaquil de Paz y Justicia, Mateo García.

"Hoy reafirmo que quienes no tienen reparos en utilizar a mujeres y niños para sus propias provocaciones, y no se detendrían a usarlos como carne de cañón, encontrarán siempre un Ejército temblado en la firmeza - ¡sí! - pero también en la prudencia; un Ejército temblado en el arrojo - ¡si! – pero tambien en la serenidad; un Ejército temblado en la bravura - ¡si! – pero también en la disciplina y en la paciencia."
(Presidente Zedillo, La Jornada, 20 febrero 1998, p6)

Mujeres de Morelia testifican: "el 15 de marzo los helicópteros empezaron a patrullar de nuevo nuestra comunidad. Desde entonces no nos han dejado en paz. Todos los días vuelan bien bajo, todos los días estamos en alerta por los helicópteros. El día en que el helicóptero estaba tratando de aterrizar, y que vimos que estaba volando muy bajo, fuimos a colocar unos postes debajo para que no pudiera bajar. Los niños también tenían miedo, porque el helicóptero intentó aterrizar junto a la escuela. Durante cinco minutos estuvo tratando de aterrizar, volando muy bajo. Todos los niños salieron corriendo a la plaza central (junto a la escuela).

"Ya hemos visto todas las cosas que hace el ejército, porque vimos que mataron a nuestros 3 compañeros el 7 de enero de 1994. No queremos que eso se repita. El gobierno manda su ejército para matar a la gente y torturarnos. Ya vimos como torturaron a nuestros 3 compañeros que mataron, es por eso que no queremos que venga el ejército a nuestra comunidad. Estuvimos buscando a nuestros compañeros por casi un mes sin encontrarlos. Entonces escuchamos que ya estaban muertos. Lo único que quedaba eran sus pantalones, sus camisas, y sus zapatos que fueron tirados. Fuimos por sus restos y solamente encontramos sus huesos ahí. Sólo los reconocimos por los pedazos de tela arrancados por los perros que se estaban comiendolos cuerpos. Nada quedaba mas que sus huesos. Y todavía no ha habido justicia. Vemos que si uno de nosotros mata a alguien, nos mandan a Cerro Hueco (prisión de máxima seguridad), pero si viene el gobierno a matarnos, a nosotros los campesinos, no hay justicia".

"Si nosotros nos podemos cuidar solitos. Trabajamos con nuestro propio sudor. No le estamos pidiendo dinero al gobierno. Lo que queremos es que cumplan con los acuerdos que firmaron en San Andrés".

Conclusión

Desde la masacre de Acteal, la administración de Zedillo, ha aumentado sus esfuerzos para sofocar el levantamiento indígena en Chiapas. El uso de la fuerza militar y paramilitar por parte del gobierno se ha coludido con otra prioridad guardada por la administración -presentar una imagen democrática, moderna, tolerante y estable de México a los inversionistas extranjeros y al público en su generalidad. De este modo, aún mientras hacen a un lado los acuerdos firmado y fracturando el difícilmente ganado consenso por una solución pacífica y negociada, y por ser forjada por intermediadores de la sociedad civil y la legislatura de México, la administración ha justificado la legalización de la ocupación militar, al declarar un estado de emergencia en Chiapas. El gobierno teme que con semejante declaración fortalecerían al llamado de una intermediación internacional en el conflicto.

La estrategia actual del gobierno es peligrosa e irresponsable. Amenaza con destruir la frágil apertura democrática y tiene el potencial de desestabilizar de forma peligrosa al país.


Mapa de Chiapas.

Recomendaciones

Amigos norteamericanos de México tienen la compleja tares de formular una respuesta coherente a esta angustiante situación. Tienen que tomar en cuenta a ambos, la soberanía de México al igual que los principios internacionales y hemisféricos de la solidaridad en materia de derechos humanos y libertad política puestos de manifiesto en acuerdos continentales, hemisféricos, globales al igual que en la práctica histórica.

Históricamente, el gobierno de México se ha caracterizado por tomar posturas independientes a la política exterior de los EU. Desde 1994, sin embargo, la administración de Zedillo ha establecido una alianza estratégico-militar con los EU. La adquisición de armas ha incrementado agudamente y el año pasado unos mil oficiales mexicanos recibieron entrenamiento del Pentágono de una u otra forma.

Los ideólogos de las políticas estadounidenses sostienen que acrecientan el ejército para detener el flujo de narcóticos a los EU y porque la policía mexicana -en todos niveles- son demasiado corruptos como para confiar en los esfuerzos de interdicción.

Abusos de poder dados en Chiapas y en otros sitios, así como evidencia abundante de que la narco-corrupción se extiende a los actuales círculos militares como políticos, las razones de EU para incrementar una alianza estratégico-militar contra el narco, son débiles. Los Estados Unidos no deberían tener participación alguna en la guerra de Zedillo contra Chiapas.

Al gobierno mexicano:

  1. Detener toda acción ofensivo-militar en Chiapas, replegar al ejército en áreas de conflicto en Chiapas y el desarme de los grupos paramilitares progobiernistas para crear una atmósfera que conduzca a una paz y reconciliación y crear las condiciones para un futuro diálogo con el EZLN.

     

  2. Buscar una salida pacífica al conflicto chiapaneco - una salida que garantice los derechos de los pueblos indios en Chiapas y en todo el país.

     

  3. Indemnización a las comunidades que fueron dañadas por las incursiones del ejército y establecer garantías para el retorno de los desplazados a sus comunidades de origen para que puedan trabajar.

     

  4. Detener y enjuiciar a organizaciones paramilitares y a aquellos miembros del ejército y la policía quienes han sido acusados por organismos de derechos humanos y por civiles de haber ilegalmente atacado, robado y aterrorizado a las comunidades chiapanecas.

     

  5. Libertad a todos los presos políticos, especialmente aquellos detenidos sin evidencia durante los operativos militares en las comunidades.

     

  6. Asegurar a los grupos de derechos humanos, iglesias organizaciones comunitarias y ONGs en México la posibilidad de obtener información y poder ofrecer ayuda humanitaria sin restricciones en Chiapas libres de todo hostigamiento militar y policiaco.

     

  7. Permitir el acceso irrestricto a todo México, incluyendo a Chiapas, a las delegaciones de derechos humanos y observadores nacionales e internacionales dispuestos a asistir la situación de los derechos humanos.

     

  8. Detener las deportaciones a los colegas internacionales con las organizaciones de ayuda humanitaria en México.

     

  9. Permitir de manera irrestricta el acceso a medios de comunicación mexicanos y extranjeros a Chiapas y la república completa para reportar de fondo la situación en ese estado.

     

  10. Asegurar la distribución inmediata de ayuda humanitaria a los desplazados y a las comunidades vulnerables bajo la dirección y supervisión de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones no gubernamentales independientes.

Al gobierno de los Estados Unidos:

  1. Cese inmediato a la venta de armas por los EU, a la asesoría y entrenamiento militar en México en los suelos que sostienen a un ejército que viola los derechos humanos y es ilegal bajo la ley estadounidense e internacional.

     

  2. Un llamado al gobierno mexicano, como socio en el TLC, para mantener los derechos humanos, para cesar la ocupación militar de Chiapas y buscar una salida pacífica inmediata al conflicto que garantice los derechos de los pueblos indios.

     

  3. Mandar una delegación de congresistas estadounidenses para observar y reportar la situación de los derechos humanos en Chiapas y hacer un llamado al gobierno mexicano para que permita el acceso a todas las delegaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

     

  4. Hacer posible la ayuda humanitaria urgente a desplazados y comunidades vulnerables bajo la condición de ser distribuidos bajo la supervisión de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones no gubernamentales independientes.

     

  5. Usar su influencia para organizar urgentemente una visita e investigación sobre la militarización en Chiapas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Al parlamento europeo:

  1. Establecer de forma inmediata una oficina permanente de derechos humanos en Chiapas para monitorear el desarrollo de la situación en el estado para asegurar que el gobierno mexicano cumpla en su totalidad con las condiciones estipuladas en la cláusulas sobre derechos humanos y democracia acordadas en el TLC entre México y EU.

A las organizaciones no gubernamentales y ciudadanos mexicanos y extranjeros:

  1. Procurar que sus propios gobiernos y las Naciones Unidas presionen para el cumplimiento de los puntos 1 a 16 enunciados.

     

  2. Organizar visitas a Chiapas de observadores de derechos humanos y exigir la entrada irrestricta a estos observadores.

     

  3. Sumar esfuerzos con organizaciones que trabajan por la libertad de prensa para exigir acceso irrestricto a los medios de comunicación mexicanos y extranjeros a todo Chiapas.

     

  4. Apoyar los esfuerzos de los grupos de derechos humanos, iglesias, organizaciones comunitarias y otras ONGs comprometidas en proyectos de ayuda humanitaria en Chiapas.